Historia

Sala Tercera

La Constitución Política de la República de Costa Rica vigente desde 1949, proclama que Costa Rica es una República democrática, libre e independiente, cuya soberanía reside exclusivamente en la Nación.

En este mismo texto se dispone que el Gobierno de la República lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Por su parte, el Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia (cuyos Magistrados integran tres Salas de Casación y una Sala Constitucional) y los demás Tribunales establecidos por la ley.

Corresponde al Poder Judicial conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso administrativas, así como de las otras que establece la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.

En el caso de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ésta se encuentra integrada por las magistradas Magda Pereira Villalobos y Doris Ma. Arias Madrigal, así como por los magistrados Jesús Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez (Presidente) y Carlos Chinchilla Sandí, quienes conocen:

  1. De los recursos de casación y revisión en materia penal de adultos y penal juvenil;
  2. De las causas penales contra los miembros de los supremos poderes y otros funcionarios equiparados; y 
  3. De los demás asuntos de naturaleza penal que las leyes le atribuyan.

Esta Sala especializada en materia penal fue creada por la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de Justicia, Nº 6434 de julio de 1980, la cual ha sido objeto de sucesivas reformas legales (Ley de la Jurisdicción Constitucional Nº 7135 del 11 de octubre de 1989; Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 7333 del 5 de mayo de 1993 -la cual creó al Tribunal Superior de Casación Penal-; Ley de reorganización Judicial Nº 7728 del 15 de diciembre de 1997; Ley de Apertura de la Casación Penal No. 8503 del 6 de junio de 2006; Ley de Creación del Recurso de Apelación de Sentencia, Otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal, No. 8837 vigente a partir del 9 de diciembre de 2011; y la Ley que reforma la Jurisdicción Constitucional No. 9003 en vigencia a partir del 28 de febrero de 2012.

Con las últimas reformas, el régimen de impugnación procesal penal en Costa Rica se decanta por instituir un recurso de apelación de sentencia, en sede de tribunales de apelación (antiguos tribunales de casación), encargados del examen integral de las sentencias surgidas de los tribunales de juicio y conforme el mandato del artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Por su parte, el recurso de casación recobra la condición de recurso extraordinario, con efectos devolutivo y suspensivo, con un control limitado a tres motivos expresamente autorizados y según los agravios que reclame la parte interesada: existencia de precedentes jurisprudenciales contradictorios entre tribunales de apelación, o entre éstos y la Sala Tercera; violación de ley sustantiva; y violación de ley procesal. Las resoluciones recurribles en casación son sólo las emanadas de los tribunales de apelación de sentencia. En síntesis, la función esencial que cumple el recurso de casación y por ende la Sala Tercera en consonancia con los cambios más recientes en el ordenamiento jurídico, es el control de la adecuada aplicación de la ley, sea velando por el respeto de las reglas procesales establecidas y los derechos de las partes, como también por la correcta aplicación de las normas sustantivas y sancionatorias al caso concreto, así como por la homologación y uniformidad de la jurisprudencia para casos similares conforme los principios de seguridad e igualdad constitucionales.

El procedimiento de revisión, ahora a cargo exclusivamente de la Sala Tercera, -competencia que antes compartía con los antiguos tribunales de casación-,  también regresa a una concepción más clásica, en la que se elimina la posibilidad de incoarlo por violación genérica al debido proceso u oportunidad de defensa. Se trata de un mecanismo extraordinario, contra sentencias firmes, exclusivamente a favor del condenado o de quien se le haya impuesto una medida de seguridad y en casos taxativamente señalados en la ley, tales como sentencias inconciliables; declaración de falsedad de prueba esencial para la sentencia; existencia de prevaricato, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta en el dictado del fallo; ilegitimidad de la sentencia por ilegalidad de la prueba o incumplimiento grave de deberes del juez; hechos o pruebas nuevos que evidencien que el delito no existió o que no fue cometido por el condenado; promulgación de ley más favorable o declaratoria de inconstitucionalidad de la que sirvió de base para la sentencia.

El juzgamiento de miembros de los supremos poderes le da a la Sala Tercera varias funciones específicas: acoger o rechazar las solicitudes del jerarca del Ministerio Público para iniciar o rechazar el procedimiento de antejuicio; una vez autorizado este antejuicio, le corresponde llevar adelante el juzgamiento en una primera instancia, por medio de un Magistrada o Magistrado instructor y sentencia pronunciada por el pleno de la Sala. El recurso de alzada corresponde a Corte Plena.

Es importante referir que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 8837, la jurisdicción penal juvenil experimentó cambios relevantes que también modificaron las competencias de las distintas sedes a cargo del proceso penal contra personas menores de edad. A partir de la nueva legislación, se instauró un Tribunal de Apelación de la Sentencia en esta materia, correspondiéndole a la Sala Tercera atender el recurso de casación y el procedimiento de revisión de manera concentrada para todo el territorio nacional.

La Sala Tercera conoce de los asuntos a pedido de la parte que formula el reclamo –sea mediante el recurso de casación o del procedimiento de revisión- de modo que su intervención se limita a la existencia de la gestión de la parte interesada y por ello no interviene de oficio ni  conoce todos los casos que resuelven los Tribunales de Justicia.

La decisión de los asuntos la adopta la Sala, por simple mayoría, en votación en la que participan todos sus miembros.
Para el cabal cumplimiento de sus funciones, la Sala está conformada por cinco magistrados titulares, diez magistrados suplentes, y todo un equipo de trabajo que sirve de apoyo y soporte.

Este equipo de trabajo comprende la Secretaría, compuesta a su vez por un Secretario que es profesional en Derecho, Asistentes Judiciales, Auxiliares Judiciales que dan seguimiento al trámite y a las decisiones adoptadas, un notificador y dos conserjes. Por su parte, cada magistrado cuenta con la colaboración de dos abogados asistentes y una secretaria o secretario-asistente. A la Presidencia de la Sala está adscrito un equipo especial de letrados y letradas que atiende el gabinete de admisibilidades, así como otro equipo sirve a todos los grupos de trabajo en la confección de proyectos de resolución.

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Esta página ofrece una base de datos con las sentencias de la Sala desde 1990 a la fecha, como también, una base de datos especializada que recoge las resoluciones más relevantes, clasificadas por descriptores temáticos.

    A través de Internet se puede hacer la consulta de expedientes, del registro de votación de los asuntos conocidos por la Sala y de la programación de actividades procesales (agenda del Despacho).    La página  ofrece los textos de las principales leyes e instrumentos internacionales en materia penal, procesal penal, derechos humanos, ejecución de la pena y otros temas conexos.

     En apego a los criterios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la labor de los funcionarios públicos, se tiene a disposición de los usuarios los informes anuales de la gestión de la Sala Tercera y  los pronunciamientos más relevantes de la Comisión de Asuntos Penales